La ordenación y regulación del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos se inició con la constitución mediante Decreto 713/1967, de 1 de abril, que autorizó la constitución del mismo, como corporación de carácter oficial y con plena personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, estableciéndose asimismo su dependencia, a efectos administrativos. Posteriormente la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, estableció en su disposición transitoria primera que los Estatutos de los entes colegiales vigentes, continuarían en vigor en todo lo que no se opusiera a lo dispuesto en dicha Ley y sin perjuicio de futuras adaptaciones estatutarias, de conformidad con los preceptos del texto legal mencionado. Más adelante se aprobó la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los Colegios Profesionales, que adecuó el régimen de los Colegios a la Constitución, y la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Los vigentes Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos fueron aprobados por el Real Decreto 1747/1999, de 19 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. Dado el tiempo transcurrido y los cambios acaecidos desde entonces en la profesión, es necesario una actualización de los mismos.

Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, se somete a participación pública el proyecto de Real Decreto de referencia y la Memoria del Análisis de Impacto Normativo con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

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• Organización o asociación (si corresponde).
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