El Ministerio de Industria y Turismo de España es el departamento de la Administración General del Estado responsable de la propuesta y ejecución de la política gubernamental en materia de industria y turismo. Su actual estructura orgánica básica se establece en el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril y es el resultado de un proceso histórico de adaptación de las competencias del gobierno en estas materias, la industria y el turismo, a la realidad económica y social de nuestro país. El Departamento cuenta con dos principales órganos superiores, la Secretaría de Estado de Industria y la Secretaría de Estado de Turismo, además de la Subsecretaria de Industria y Turismo.
La industria y el turismo se constituyen como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de España, desempeñando un papel clave en la generación de empleo y la atracción de inversiones.
La industria, que abarca sectores como la automoción, la química, la tecnología y la producción alimentaria, contribuye significativamente al Producto Interior Bruto (PIB) del país, fomenta la innovación y la competitividad en los mercados internacionales, situando a España como un referente en algunos sectores. Además, la industria impulsa el desarrollo de infraestructuras y mejora la conectividad, factores esenciales para el crecimiento equilibrado de las diferentes regiones.
Por su parte, el turismo es uno de los motores más importantes de la economía española, dado su atractivo cultural, histórico y natural. Con destinos mundialmente reconocidos como Barcelona, Madrid, Sevilla o los archipiélagos balear y canario, España ha consolidado su posición como uno de los países más visitados del mundo. Además, el turismo genera un importante flujo de divisas y promueve el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, particularmente en regiones rurales que, de otro modo, podrían estar marginadas económicamente.
La combinación de una industria sólida y un sector turístico robusto también tiene un impacto positivo en el ámbito social. Ambos sectores fomentan el intercambio cultural, la inclusión y el desarrollo sostenible, al tiempo que fortalecen la identidad nacional. En este contexto, el desarrollo conjunto de la industria y el turismo no solo refuerza la economía española, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y a proyectar una imagen moderna y dinámica del país en el exterior.
La política industrial en España comenzó a consolidarse con la creación del Ministerio de Fomento en 1832 mediante Real Decreto de 9 de noviembre. Este organismo centralizó competencias relacionadas con el comercio, la industria, las manufacturas y los oficios. En un contexto de industrialización incipiente, el objetivo principal era impulsar el desarrollo económico y modernizar sectores clave como el textil, la minería y el transporte.
El Ministerio de Fomento también desempeñó un papel fundamental en la construcción de infraestructuras, como ferrocarriles y canales, indispensables para el crecimiento industrial. Sin embargo, la industrialización fue desigual, concentrándose principalmente en Cataluña (textil) y el País Vasco (siderurgia).
La incardinación orgánica de Industria en Fomento se mantuvo hasta 1928, si bien durante el periodo 1900-1905, el Departamento se denominó de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Por otro lado, en 1910 se creó la Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo.
En el año 1922 y mediante el Real Decreto de 21 de febrero de 1922 se creó el Ministerio de Trabajo que asumió las competencias sobre Industria y Comercio. Seis años después estas competencias pasaron a Ministerio de Economía Nacional, que, desde el Decreto de 16 de diciembre de 1931, ya bajo la II República, pasó a denominarse Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.
Posteriormente, en 1933, el Ministerio de Industria y Comercio fue creado para abordar de manera específica los desafíos de la economía industrial. Esta etapa coincidió con un esfuerzo por diversificar la industria promoviendo la calidad, la sostenibilidad y la innovación en los procesos industriales. Esto contribuyó a la transformación de sectores clave, como el automotriz, el químico y el agroalimentario, que pudieron adaptarse mejor a las exigencias del comercio internacional. Gracias a este proceso, España pasó de ser una economía relativamente cerrada a convertirse en un actor competitivo y dinámico dentro del entorno europeo.
En plena dictadura, la creación del Ministerio de Industria en 1951 marcó un punto de inflexión en la política industrial. Este organismo asumió la gestión de las principales áreas económicas relacionadas con la producción manufacturera, energética y minera.
A partir de los años 50, España adoptó una política de industrialización dirigida, caracterizada por la intervención estatal, con la creación de grandes empresas públicas como SEAT e Iberia para promover sectores estratégicos; la protección arancelaria: y la aprobación de los denominados Planes de Desarrollo (1960-1975) con el asesoramiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, que priorizaron la expansión de la industria pesada y de bienes de consumo. Estos planes también promovieron la creación de polos de desarrollo industrial en ciudades medianas como Valladolid o Vigo, buscando descentralizar la industria.
Tras la aprobación de la Constitución de 1978, España comenzó a reestructurar su política industrial para adaptarse a los cambios políticos y económicos. Durante la transición democrática, el modelo proteccionista franquista dio paso a un enfoque más orientado al mercado y a la integración en la economía global.
Desde febrero de 1978, el departamento pasó a denominarse Industria y Energía. Según el Real Decreto 1270/1988, de 28 de octubre, se trataba del Departamento de la Administración Central del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política industrial y energética y contaba, además de con una Subsecretaría, con una Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales y otra de Promoción Industrial y Tecnología. Se ponía de este modo, por primera vez énfasis en la necesidad de vincular industria con tecnología e innovación.
Uno de los primeros desafíos fue la reconversión industrial. Sectores como la minería, el acero y la construcción naval, que habían sido pilares durante el franquismo, enfrentaron crisis por su falta de competitividad. Paralelamente, la transición energética adquirió relevancia, con el desarrollo de políticas para diversificar la generación energética.
Este periodo sentó las bases para la modernización y apertura económica de los años 80, en los que España se integraría plenamente en la Comunidad Económica Europea y adoptaría un modelo de desarrollo más sostenible y competitivo.
La integración en la CEE en 1986 también facilitó el acceso a nuevos mercados, aumentando las exportaciones industriales y atrayendo inversiones extranjeras directas. Empresas multinacionales comenzaron a establecerse en España, estimulando la transferencia de tecnología y el crecimiento de cadenas de valor. En este sentido, la entrada en la CEE no solo supuso una modernización industrial, sino que también representó un paso crucial hacia la consolidación de España como un país económicamente integrado, innovador y preparado para afrontar los retos del siglo XXI.
En los inicios del siglo XXI, España adaptó su política industrial a la globalización, priorizando la competitividad del sector manufacturero. La integración europea continuó siendo esencial, con fondos estructurales destinados a modernización e infraestructuras. Sin embargo, la deslocalización hacia países con costes laborales más bajos afectó sectores tradicionales como el textil y la siderurgia. Para contrarrestar estos efectos, se impulsaron programas de investigación e innovación (I+D), como el Plan Nacional de I+D+i, que buscaban incrementar la competitividad tecnológica e industrial.
La crisis financiera global de 2008 impactó severamente la economía española, evidenciando la necesidad de diversificación industrial. Sectores como la construcción cedieron protagonismo a actividades más diversificadas, mientras la industria enfocó sus esfuerzos en las exportaciones, destacando en automoción, maquinaria y productos agroalimentarios. Sin embargo, los recortes en inversión I+D ralentizaron el progreso tecnológico en sectores clave, lo que representó un desafío significativo para la recuperación económica.
Durante la década de 2010, España avanzó en sostenibilidad y transformación digital. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) promovió las energías renovables, como la eólica y la solar, y marcó el cierre progresivo de centrales de carbón. La digitalización de la industria cobró impulso con iniciativas como "Industria Conectada 4.0", que fomentaron la automatización y tecnologías como el big data y la inteligencia artificial, especialmente en las pymes. España también se alineó con el Green Deal europeo y programas como Horizon 2020, obteniendo fondos para proyectos sostenibles y tecnológicos.
En los años 2020, España adoptó una política industrial estratégica, impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) se centraron en áreas clave como movilidad sostenible, la descarbonización, el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, o el desarrollo de sostenible del sector naval.
La industria española se enfrenta retos como la competencia global, las desigualdades regionales y la necesidad de cumplir con las exigencias climáticas. Sin embargo, existen grandes oportunidades, como el acceso continuo a fondos europeos y el potencial de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables, para fortalecer la competitividad global de España.
La evolución de la política industria en España ha supuesto, asimismo, la creación de ministerios combinados en España, que agrupan áreas estratégicas como Industria, Energía y Ciencia, reflejando la necesidad de una gestión más integrada y eficaz de los recursos y políticas nacionales. Estos ministerios, concebidos para abordar retos complejos de manera transversal, permiten una planificación coordinada en sectores interrelacionados. Por ejemplo, la vinculación entre Industria y Energía responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles en la producción industrial, mientras que la incorporación de la Ciencia fomenta la investigación y el desarrollo (I+D) como motores del progreso tecnológico.
De esta forma, en la VII Legislatura (2000-2004), el Ministerio recibió la denominación de Ciencia y Tecnología y asumió, además las competencias en materia de telecomunicaciones, procedente de Fomento. El Departamento asumía el reto de dar un impulso a la cultura de la innovación en nuestro país. Durante esa etapa tanto el área de Industria como la de energía se integraron en el Ministerio de Economía. En 2004, volvieron a reintegrarse todos los ámbitos en el nuevo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En la XII Legislatura (2016-2018), por primera vez se desgajan las competencias en materia de Energía de las de Industria propiamente dichas. Las primeras se integran, junto a Turismo y Tecnología en el nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Por su parte Industria, por primera vez en democracia se integra en el Ministerio de Economía, que pasa a denominarse de Economía, Industria y Competitividad. Con la formación de nuevo Gobierno en junio de 2018, el Ministerio volvió a integrarse con Comercio, recuperando el nombre tradicional de Industria, Comercio y Turismo. Las competencias en materia de Sociedad de la Información y Agenda Digital se pierden en favor del Ministerio de Economía y las de Energía pasan al Ministerio de Transición Ecológica. En la XV Legislatura (2023), Comercio de nuevo pasa a Economía, pasando el Departamento a su configuración actual con competencias en materia de Industria y Turismo.
La vinculación entre la industria y el turismo en los gobiernos de España ha sido también una estrategia clave para maximizar el potencial económico del país, debido a la complementariedad de ambos sectores. España, como potencia turística mundial y con una base industrial significativa, ha buscado durante décadas políticas integradas que favorezcan el desarrollo conjunto de estas áreas, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la competitividad.
Por lo que respecta a la política turística en España, el primer paso se dio el 6 de octubre de 1905, con la creación de la Comisión Nacional de Turismo, mediante un decreto del Ministerio de Transporte. Esta comisión marcó el inicio de un interés institucional por organizar y fomentar el turismo en el país, en un momento en el que España comenzaba a ser vista como un destino con potencial, gracias a su patrimonio cultural y paisajístico. Aunque sus recursos y funciones eran limitados, este hito sentó las bases para futuras iniciativas destinadas a estructurar el sector turístico como una parte importante de la economía nacional.
En 1911, se creó la Comisaría Regia de Turismo, un organismo con mayor capacidad para promover España como destino turístico y la protección del patrimonio cultural. Este organismo se encargaba de impulsar la imagen del país en el extranjero y de fomentar la llegada de visitantes internacionales. La Comisaría Regia también buscaba estimular el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo, como alojamientos y servicios, consolidando la idea del turismo como una actividad económica estratégica.
Posteriormente en 1928, la creación del Patronato Nacional de Turismo representó un avance en la institucionalización del turismo en España. Este organismo no solo promovía la atracción de visitantes internacionales, sino que también desarrollaba actividades para dar a conocer el patrimonio histórico y cultural del país. Durante esta etapa, se establecieron las primeras campañas de promoción turística en el extranjero, y se buscó consolidar la imagen de España como un destino de interés histórico y paisajístico, con un enfoque en el turismo cultural.
Tras la Guerra Civil, en 1939 se constituyó la Dirección General del Turismo, adscrita al Ministerio de la Gobernación, en un contexto de reconstrucción nacional. Este organismo asumió la tarea de revitalizar el sector turístico como una forma de obtener ingresos para la economía nacional. Durante esta etapa, se trabajó en la regulación de la actividad turística y en la creación de una red de servicios básicos para los visitantes, aunque las limitaciones económicas y políticas de la época restringieron su impacto.
En 1951, el turismo español dio un salto cualitativo con la creación del Ministerio de Información y Turismo, que unificó las políticas de comunicación y promoción turística bajo un único ente. Este ministerio fue crucial en la década de 1960, cuando España se convirtió en uno de los principales destinos turísticos del mundo, gracias al auge del turismo de sol y playa. Durante esta etapa, se impulsaron grandes campañas de promoción internacional y se desarrollaron infraestructuras como hoteles, aeropuertos y carreteras, que transformaron el turismo en un motor económico clave para el país.
Con la llegada de la democracia, la política turística española se adaptó a las nuevas demandas sociales y económicas, manteniéndose como un pilar clave de la economía española. En estos años, España se consolidó como uno de los principales destinos turísticos del mundo.
Asimismo, la Constitución española estableció un modelo de Estado autonómico, lo que influyó en la gestión del turismo al transferir competencias a las comunidades autónomas. La coordinación con los gobiernos autonómicos a través de la Conferencia Sectorial de Turismo se convierte en un instrumento clave en la política turística.
Durante los primeros años tras la Constitución, el turismo estaba integrado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1978-1980), reflejando una visión técnica y funcional.
Ya en los años 80, el turismo ganó más protagonismo como sector estratégico, apareciendo ya en la denominación del Departamento, Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Su inclusión en un ministerio con transportes y comunicaciones subrayaba su importancia para la infraestructura y la movilidad.
Otro hito clave para la política turística en esta década fue la creación en 1985 del Instituto Nacional de Promoción del Turismo (precursor de TURESPAÑA), adscrito al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con el cometido de ejecutar la política del gobierno en orden a la promoción del turismo en el exterior. España buscaba fortalecer su presencia en los mercados internacionales de turismo y consolidar su imagen como destino líder, aprovechando las crecientes oportunidades del sector.
En los años 90, el turismo se integró sucesivamente en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (1991-1993), Ministerio de Comercio y Turismo (1993-1996) y Ministerio de Economía y Hacienda (1996-2000), reflejando una vinculación con la economía y el comercio exterior.
En esta etapa, se desarrollaron estrategias para diversificar la oferta turística, enfocándose en el turismo cultural, rural y sostenible, además de continuar con la promoción del turismo tradicional de sol y playa.
En el siglo XXI, la política turística en España ha evolucionado para adaptarse a un contexto globalizado, caracterizado por el auge de nuevas tecnologías, cambios en las preferencias de los viajeros y desafíos climáticos. La estrategia gubernamental ha pasado de centrarse en la promoción del turismo de sol y playa a diversificar la oferta, potenciando segmentos como el turismo cultural, gastronómico, rural y de naturaleza. Esta transformación ha estado guiada por planes nacionales como el Plan Nacional de Turismo 2020 y o la actual Estrategia de Turismo Sostenible 2030, en proceso de elaboración, que priorizan la sostenibilidad, la digitalización y la descentralización del turismo hacia regiones menos saturadas.
En la primera década del siglo, el turismo siguió vinculado al Ministerio de Economía, y más tarde al de Industria, Turismo y Comercio, destacando su relevancia como motor económico.
En el año 2011 se constituyó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo: integrándose el turismo con sectores clave para la innovación y sostenibilidad energética. Posteriormente, en la XIII Legislatura, en el 2018, el turismo vuelve a estar vinculado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recuperando una perspectiva integrada. Se trata de un período marcado por el impacto de la pandemia de COVID-19, en el que las políticas turísticas han girado hacia la recuperación, la digitalización y la sostenibilidad.
En la XV Legislatura (2023), se establece la configuración actual, de Ministerio de Industria y Turismo.
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