El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido la Ley de Industria y Autonomía Estratégica como “un proyecto de país para institucionalizar la política industrial española”.

El secretario de Industria cree que vivimos un momento trascendental en el que “es necesario aprobar un marco de referencia para que la industria en España se sitúe en un lugar preeminente a nivel europeo y mundial”. Por este motivo, ha reclamado “poner los intereses del país por encima de todo”. “Nos arrepentiremos si no asentamos los cimientos para que nuestra industria tenga una base sólida, estructurada, flexible y moderna, adaptada a los retos del momento que vivimos”, ha subrayado.

La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024, tiene como objetivo principal la reindustrialización del país, el impulso a la competitividad y la garantía de una producción estratégica, especialmente en tiempos de crisis. Asimismo, apuesta por una transición verde y digital, retener el talento y buscar la cohesión territorial.

Balance PERTE Industriales

Durante su comparecencia, el secretario de Estado ha repasado también otros hitos de su departamento, como la gestión de los PERTE industriales, que han supuesto una inversión pública de más de 9.500 millones y han llegado ya a 1.500 empresas de toda España.

También se ha referido a diferentes estrategias sectoriales en las que está inmerso su departamento: el Plan Farma, el Plan de Bienes de Equipos y el Plan Auto. Sobre este último plan del sector de la automoción, ha recordado que se presentará el próximo mes de diciembre y que será “una estrategia ambiciosa y consensuada, que está consensuada con todos los actores del sector con el fin de que España siga siendo líder en la movilidad eléctrica y su descarbonización”.

En cuanto a la transición energética y verde, ligada a la competitividad de la industria, Brustenga ha recordado el aumento del presupuesto en las ayudas a la compensación de emisiones de CO2, que ha pasado de 6 millones en 2018 a 600 millones de euros en 2025; de 300 millones a 600 millones en un único año. Y ha destacado el “trabajo conjunto” que se hace desde los departamentos de Energía e Industria “para asegurar las necesidades energéticas de las empresas”.

Tras recordar las políticas de apoyo al emprendimiento, a través de entidades como CERSA, ENISA o la Escuela de Organización Industrial (EOI), el secretario de Estado ha abordado el sector de la defensa en la política industrial, poniendo también en valor las sinergias de ambos ámbitos. El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con 10.471 millones de euros de presupuesto.

Con este plan se pretende aprovechar la oportunidad para reforzar nuestra seguridad nacional y ampliar la base industrial y tecnológica de la industria. “Estamos identificando las capacidades actuales, registrando empresas con voluntad de trabajar en defensa y hemos fijado un reto de crecimiento: 800 empresas a final de año; en torno a 1.200 a finales del año que viene”, ha señalado el titular de Industria.

Sobre el sector de la vivienda, ha señalado que el Ministerio trabaja en el impulso de la industrialización de la construcción, que permitirá afrontar el problema de la vivienda, reducir plazos de construcción y la huella de carbono.

En este contexto de oportunidad estratégica, el Gobierno ha lanzado el PERTE de la Industrialización de la Vivienda (donde están implicados los Ministerios de Vivienda, Economía e Industria), con una inversión pública de 1.300 millones en 10 años, a través de instrumentos financieros capaces de movilizar también la inversión privada. También ha destacado el papel que se puede hacer desde la innovación en este ámbito y la puesta en marcha de una convocatoria de Asociaciones Empresariales Innovadoras, un proyecto piloto, para encontrar soluciones que permitan industrializar la vivienda.

Brustenga ha repasado también las diferentes actuaciones para situar a pequeñas y medianas empresas en el centro de la transformación industrial, donde la Secretaría de Industria va a poner “foco”. En este sentido, ha señalado que el Consejo Estatal de la Pyme y el Observatorio Estatal de la Morosidad “van a tener continuidad y periodicidad” y que las próximas convocatorias están previstas para el primer semestre de 2026, tras las reuniones de los pertinentes grupos de trabajo.

Por último, Brustenga ha defendido que “España siga teniendo un discurso propio en Europa” y que la Unión Europea apruebe por primera vez fondos estructurales industriales para consolidar las capacidades industriales productivas en un contexto geopolítico que “exige una política industrial europea más proactiva, con una visión estratégica clara y un enfoque pragmático”.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido la Ley de Industria y Autonomía Estratégica como “un proyecto de país para institucionalizar la política industrial española”.

El secretario de Industria cree que vivimos un momento trascendental en el que “es necesario aprobar un marco de referencia para que la industria en España se sitúe en un lugar preeminente a nivel europeo y mundial”. Por este motivo, ha reclamado “poner los intereses del país por encima de todo”. “Nos arrepentiremos si no asentamos los cimientos para que nuestra industria tenga una base sólida, estructurada, flexible y moderna, adaptada a los retos del momento que vivimos”, ha subrayado.

La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024, tiene como objetivo principal la reindustrialización del país, el impulso a la competitividad y la garantía de una producción estratégica, especialmente en tiempos de crisis. Asimismo, apuesta por una transición verde y digital, retener el talento y buscar la cohesión territorial.

Balance PERTE Industriales

Durante su comparecencia, el secretario de Estado ha repasado también otros hitos de su departamento, como la gestión de los PERTE industriales, que han supuesto una inversión pública de más de 9.500 millones y han llegado ya a 1.500 empresas de toda España.

También se ha referido a diferentes estrategias sectoriales en las que está inmerso su departamento: el Plan Farma, el Plan de Bienes de Equipos y el Plan Auto. Sobre este último plan del sector de la automoción, ha recordado que se presentará el próximo mes de diciembre y que será “una estrategia ambiciosa y consensuada, que está consensuada con todos los actores del sector con el fin de que España siga siendo líder en la movilidad eléctrica y su descarbonización”.

En cuanto a la transición energética y verde, ligada a la competitividad de la industria, Brustenga ha recordado el aumento del presupuesto en las ayudas a la compensación de emisiones de CO2, que ha pasado de 6 millones en 2018 a 600 millones de euros en 2025; de 300 millones a 600 millones en un único año. Y ha destacado el “trabajo conjunto” que se hace desde los departamentos de Energía e Industria “para asegurar las necesidades energéticas de las empresas”.

Tras recordar las políticas de apoyo al emprendimiento, a través de entidades como CERSA, ENISA o la Escuela de Organización Industrial (EOI), el secretario de Estado ha abordado el sector de la defensa en la política industrial, poniendo también en valor las sinergias de ambos ámbitos. El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con 10.471 millones de euros de presupuesto.

Con este plan se pretende aprovechar la oportunidad para reforzar nuestra seguridad nacional y ampliar la base industrial y tecnológica de la industria. “Estamos identificando las capacidades actuales, registrando empresas con voluntad de trabajar en defensa y hemos fijado un reto de crecimiento: 800 empresas a final de año; en torno a 1.200 a finales del año que viene”, ha señalado el titular de Industria.

Sobre el sector de la vivienda, ha señalado que el Ministerio trabaja en el impulso de la industrialización de la construcción, que permitirá afrontar el problema de la vivienda, reducir plazos de construcción y la huella de carbono.

En este contexto de oportunidad estratégica, el Gobierno ha lanzado el PERTE de la Industrialización de la Vivienda (donde están implicados los Ministerios de Vivienda, Economía e Industria), con una inversión pública de 1.300 millones en 10 años, a través de instrumentos financieros capaces de movilizar también la inversión privada. También ha destacado el papel que se puede hacer desde la innovación en este ámbito y la puesta en marcha de una convocatoria de Asociaciones Empresariales Innovadoras, un proyecto piloto, para encontrar soluciones que permitan industrializar la vivienda.

Brustenga ha repasado también las diferentes actuaciones para situar a pequeñas y medianas empresas en el centro de la transformación industrial, donde la Secretaría de Industria va a poner “foco”. En este sentido, ha señalado que el Consejo Estatal de la Pyme y el Observatorio Estatal de la Morosidad “van a tener continuidad y periodicidad” y que las próximas convocatorias están previstas para el primer semestre de 2026, tras las reuniones de los pertinentes grupos de trabajo.

Por último, Brustenga ha defendido que “España siga teniendo un discurso propio en Europa” y que la Unión Europea apruebe por primera vez fondos estructurales industriales para consolidar las capacidades industriales productivas en un contexto geopolítico que “exige una política industrial europea más proactiva, con una visión estratégica clara y un enfoque pragmático”.