El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente en relación con el almacén de gas Castor, situado a 22 kilómetros de Vinarós (Castellón) y a 2 kilómetros de profundidad. El objetivo de este Real Decreto es dar solución a una compleja situación técnica existente en el almacenamiento, y resolver la renuncia a la concesión presentada por su titular (Escal UGS, S.L.), garantizando el interés general.

En concreto, el real decreto-ley establece la hibernación de las instalaciones, consolidando la paralización de las operaciones en el almacenamiento ya aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Durante la hibernación no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento. Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.

Se aprueba, asimismo, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Por otro lado, se establece la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. quien se encargará durante la hibernación de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Enagás Transporte, S.A.U. garantizará la seguridad de las instalaciones para las personas, bienes y medioambiente. Esta empresa cuenta con acreditada experiencia en la gestión y operación de los principales almacenamientos subterráneos existentes. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.

Por último, el real decreto-ley establece el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad será abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L. Por el pago de esta cantidad, Enagás Transporte, S.A.U tendrá un derecho de cobro del sistema gasista que se pagará durante un plazo de 30 años, realizándose el primer pago el 25 de abril  de 2016.

La solución adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al coste del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto.

El ahorro a partir de 2017 se estima en más de 110 millones de euros al año, pasando de costar  más de 210 millones de euros anuales a unos 100 millones de euros cada año.

Adicionalmente, este real decreto-ley permite la adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, modificada en 2011, que exige que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica, dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios.

Con esta medida, la titularidad de las centrales nucleares que no se hayan adaptado se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación